Asociación Argentina de Profesores de derecho Procesal Penal

Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Procesal Penal

 

COMUNICADO SOBRE REFORMAS PROCESALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Una reforma contra los propios objetivos

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires presentó el 11 de abril del corriente año a la legislatura bonaerense un anteproyecto de nuevo Código Procesal Penal, cuyos objetivos son compartibles (empoderar a la víctima, luchar contra la corrupción y la violencia de género, y brindar coherencia y celeridad al proceso), más el diseño normativo opera contra su consecución.

La propuesta legislativa prescribe que la víctima pueda intervenir en todas las decisiones importantes del proceso y recurrir aquellas contrarias a sus pretensiones. Ninguna de estas disposiciones la beneficia. Cuando una persona es afectada por un delito, no pretende constituirse en abogado en causa propia, sino que el Estado la proteja; para eso sostiene con sus impuestos a instituciones como el Ministerio Público Fiscal. que es el encargado de proteger a la sociedad, y por tanto, la responsable de reparar al damnificado y promover racionalmente sus reclamos.

El ingreso de la víctima al proceso en forma paralela del fiscal, suma planteos y recursos a un proceso ya lento y saturado de litigios, sin brindar mayor eficacia contra la impunidad.

A esta complejidad se suma que el anteproyecto prescribe la oralidad de todas las audiencias importantes, pero sin modificar la estructura orgánica del poder judicial; es decir que nuestros juzgados, organizados para resolver expedientes escritos con el trabajo de sus empleados bajo el control de un juez, repentinamente, y sin aumentar la planta de magistrados, hará que estos resuelvan directamente la masa de casos, sin el auxilio de un recurso humano (empleados y funcionarios) que devendrá superfluo.

            Desde la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal siempre hemos postulado la oralización del proceso en todas sus etapas; pero impulsar este dispositivo, sin programar cambio estructural al efecto, es promover el futuro colapso del sistema, sin beneficio alguno.

            Y un poder judicial desbordado mal puede luchar contra delitos complejos, respecto de los cuales, el proyecto, además, ¡nace viejo!; pues más allá de incorporar las técnicas de la ley nacional 27.319, carece de normas que regulen la investigación mediante dispositivos de vigilancia electrónica (seguimiento acústico a distancia, programas que intervengan en sistemas informáticos en forma remota, injerencias en la nube de información, seguimiento por cámaras en lugares públicos, entre otros medios de uso actual).

            Por último, es cuanto menos extraño, que el anteproyecto enviado, a contramano de la reforma elaborada por la Comisión que el propio Poder Ejecutivo convocó, haya modificado el juicio por jurados, disminuyendo las mayorías para el veredicto de culpabilidad y eliminando las recusaciones sin causa de los jurados. Así, una institución utilizada secularmente en el ámbito anglo-americano y destacada en el mundo como adalid de transparencia e imparcialidad, es herida gravemente, justo cuando comenzaba a afianzarse exitosamente en nuestra comunidad.

            Esperamos que la instancia parlamentaria permita debatir con tiempo, honestidad y conocimiento, una propuesta tan importante como la sanción de un nuevo Código Procesal Penal.

Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal

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Resolución I.G.J Nº 340/2010

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